El rol de las bibliotecas públicas para una mejor elección ciudadana de sus representantes: entrevista a Alejandro Ponce

Alejandro Ponce San Román es bibliotecólogo especializado en ética de la administración pública. Actualmente se desempeña como Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Asimismo, fue docente en la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de San Marcos y jefe del Programa Académico de Monitoreo y Gestión del Conocimiento en la Escuela Nacional de Administración Pública.

Entrevista: César Chumbiauca

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—Hace un poco más de un par de semanas se difundió una noticia sobre una solicitud de acceso a la información pública realizada a la Defensoría del Pueblo acerca de documentación que el Centro de Información tiene sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). La Defensoría del Pueblo había indicado que no se iba a proporcionar información si antes no era revisada por su Oficina de Asesoría Jurídica, y esto alarmó a instituciones académicas y aquellas que velan por los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión como bibliotecólogo, ya que uno de los principios deontológicos es la defensa del acceso a la información?

Sí, bueno, no solamente la defensa del acceso a la información, sino la naturaleza del Estado. El Estado surge como una emanación de la nación para defender los intereses permanentes que tiene esta nación en su búsqueda de desarrollo, de sostener su calidad de vida. En ese sentido, la existencia de archivos se explica por la necesidad de dar sostenibilidad a la gestión en general, al recuerdo, a la historia, digamos, a la protección de nuestros derechos en el mediano y largo plazo. En el caso específico de la Defensoría del Pueblo, esta colección asociada a la CVR nace de la necesidad de defendernos de un grupo genocida como fue Sendero Luminoso y otros grupos terroristas que desataron una guerra contra el Perú, que, finalmente, ganó la guerra, pero en medio de un enorme sufrimiento. Ese sufrimiento debía tener una explicación, y la CVR lo que buscó fue tratar de desentrañar cuáles fueron las claves que explican cómo fue posible que nosotros vivamos una guerra tan espantosa como la vivimos contra Sendero.

El sedimento documental del trabajo que realizó la CVR, que fue un extraordinario trabajo —que no fue perfecto, por supuesto, pero que fue un trabajo extraordinario—, permite a cualquier ciudadano comprender el testimonio de las personas que sufrieron la guerra y que tuvieron que desarrollar su vida en las peores condiciones. Entonces, cuando la CVR entrega a la Defensoría del Pueblo el producto final, que es su informe y el repositorio archivístico que sostiene ese informe, lo hace con la finalidad de que se pueda conocer en el mediano y largo plazo. Lo que ocurre, por lo tanto, es una traición a la razón de ser de este archivo, a la historia reciente del Perú, a los intereses permanentes de la nación. Impedir el acceso es una de las experiencias más desastrosas de un mal uso de la libertad de información y de los derechos de protección que tiene la sociedad y el Estado como custodio de ese conocimiento. Esta es una de las peores experiencias que tenemos. Entiendo que eso se ha revertido.

—Sí. La justificación era la protección de los datos personales, proteger la intimidad personal y familiar.

Mira, esa es una situación típica en la ética, ocurre en muchos ámbitos. Los derechos humanos no surgieron como una concepción orgánica, sino que existen derechos que podrían perfectamente entrar en conflicto unos con otros. El argumento que da la Defensoría de la protección de los datos personales y la privacidad del testimoniante, versus el derecho de la persona a saber, es algo que se está produciendo permanentemente en muchos ámbitos distintos de una forma cotidiana, no solamente en esta situación espantosa, por ejemplo, el hecho de que no podamos acceder a las notas de las personas que llevan un curso determinado. Otras cosas sí se pueden entender. Que tú no tengas acceso al registro de salud de un postulante a un trabajo me parece razonable, salvo que esa persona tenga alguna enfermedad contagiosa.

Esta lucha entre los derechos —el derecho a la privacidad y el derecho de la comunidad a conocer— están permanentemente en tensión, y ese era el argumento que daba la Defensoría, a mi juicio, absolutamente equivocada, porque lo que uno tiene que entender es que si es que hay un bien mayor no hay dilema. El dilema se produce cuando los bienes son de igual calidad. En este caso no era una situación de igual calidad, se trata de un bien mayor, como cuando queremos saber acerca de un tema de carácter privado de una autoridad política donde su privacidad afecta los intereses de todos. Lo mismo pasa en este caso, el bien mayor es la protección de la memoria de qué es lo que vivimos en una de las peores épocas que ha experimentado el Perú, sino la peor. El no recordar lo que pasó en el Perú nos puede condenar a volverlo a vivir, y no estamos lejos.

—¿Cómo podrían las bibliotecas públicas contribuir en el fomento de una mejor elección ciudadana de sus representantes?

¿Qué es lo que deberían tener? Un repositorio documental acerca de las ofertas electorales, por ejemplo, los programas de gobierno de los partidos políticos que se presentan. Yo sé que los programas no son muy fieles como propuesta de gobierno, pero es algo que todo el mundo debería conocer para exigir al partido que cumpla con aquella cosa que había prometido.

—¿Algunos programas deberían clasificarse en literatura fantástica?

O en literatura de terror [Risas]. Las bibliotecas públicas deberían tener los planes de gobierno y la biografía de los postulantes a la zona donde se encuentra, porque no es una biblioteca de alcance nacional, sino que atiende a una comunidad geográficamente determinada. La información de todos los que sean relevantes para esa comunidad debería estar completa. Perfectamente el Sistema Nacional de Bibliotecas podría proveer esa información, podría generar un repositorio y cada biblioteca, por supuesto, colgarse de lo que ha generado alguien que se encargó de compilar la información, porque es pública. El gran problema que yo le veo a estas iniciativas es que el bibliotecario utilice su propia ideología al momento de filtrar la colección, y es lo que he visto, por ejemplo, en el servicio de recortes periodísticos, donde, claramente, hay un sesgo muy grande, o se puede ver el sesgo en el diario elegido o en el criterio para hacer los recortes de cada una y al final podría estar funcionando como un actor de distorsión del proceso electoral. Aun así, yo creo que eso es preferible a una situación en la que la biblioteca ni siquiera suma ni de broma esa responsabilidad.

Yo creo que sí debería ser responsabilidad de la biblioteca proveer información sobre los candidatos, promover diálogos sobre el tema, invitarlos a que se encuentren con la comunidad para que puedan conocerlos de primera mano, no solamente para escuchar lo que ellos dicen que quieren hacer, o lo que le encanta hacer al político, decir por qué quiere hacerlo, ¡se ponen poetas al momento de decir por qué quieren un mundo mejor! La cosa es que le puedan hacer la pregunta de cómo lo van a hacer.

—Hace unas semanas el congresista Gonza Castillo estuvo trabajando en un proyecto de ley para que los historiadores tengan que colegiarse obligatoriamente si es que quieren trabajar en el Estado, y uno de los artículos dentro de su proyecto de ley menciona que los historiadores pueden desempeñarse dirigiendo y asesorando bibliotecas. ¿Qué opinión tiene?

Es una de las malas ideas que tienen algunas personas. Como habíamos mencionado antes, hay personas que no llegaron a posiciones de poder por mérito propio, entonces estas cosas que se les ocurren realmente son unas barbaridades que no tienen nombre. Requerir que un historiador se colegie me parece atentatorio contra el derecho humano al derecho a saber. Cualquiera puede hacer investigación histórica, ¡cualquiera! Algunos lo harán mejor que otros, por supuesto, pero eso no puede ser materia de colegiatura, como los periodistas, no necesitan colegios. O sea, el no comprender cuál es la naturaleza del colegio es lo que nos lleva a estas barbaridades.

Un colegio profesional surge como un gremio para defender los intereses de sus agremiados. ¿Por qué nos importa que existan estos gremios? Porque el gremio desarrolla unas actividades que afectan la calidad de vida de la ciudadanía. Es algo tan grave que requiere protección, o sea, tenemos que protegernos de los vendedores de cebo de culebra que quieren trabajar en un ámbito que nos puede afectar la vida. Tiene que haber un colegio médico, tiene que haber un colegio de abogados, seguramente también un colegio de profesores, de repente, pero al menos de médicos y de abogados uno dice inmediatamente sí, eso es lo que se necesita porque tu vida está en juego en el caso de la salud, tu libertad está en juego en el caso del derecho. Entonces, tiene que haber un colegio que filtre a los que son buenos abogados y separe a quienes no lo son. ¿Pero en historia? ¿Cuál es el valor que estamos protegiendo con la investigación histórica? La verdad que me parece tan absurdo como pedir que un literato se colegie. ¿Cuál es el problema? No entraré en el caso de los bibliotecarios para no entrar en un terreno indebido.

Por otra parte, el dirigir bibliotecas no forma parte de su perfil. No hay manera de pensar que un historiador, por el hecho de ser historiador, esté capacitado para dirigir una biblioteca, ni siquiera una biblioteca histórica.

El historiador es un científico social cuya labor está en el ámbito del desarrollo y del descubrimiento de una verdad. La bibliotecología es una carrera del ámbito de la gestión. Su problema es de gestión de recursos, no tiene nada que ver con la investigación. Claro, apoya la investigación, es apoyada por la investigación, lo que quieras, pero es una carrera de carácter administrativo. Nosotros, como gestores de una biblioteca, alcanzamos metas, logramos objetivos de gestión de la mejor utilización posible de los recursos. Entonces, poner a un historiador que se formó para determinar si un texto, qué sé yo, tiene coherencia con el estado del arte, si hay razones para suponer que un texto antiguo efectivamente es de la época que afirma ser, si los elementos que proporcionan el contenido de un documento generan una ampliación del conocimiento de lo que se sabía hasta ese momento, oye, ¿qué tiene que ver eso con la gestión de los recursos informativos de una biblioteca? No tiene nada que ver. Entonces, es una barbaridad, es sencillamente una persona que carece de la comprensión más básica de aquello sobre lo cual debería estar legislando. La verdad que me parece una pésima idea.

—Otra cosa es especializarse en bibliotecología, como Basadre.

Sí, pero especializarte en bibliotecología no te hace licenciado en bibliotecología, no te permite formar parte del gremio de los bibliotecólogos. Un historiador podría hacerlo si tiene la formación adecuada como bibliotecólogo, por supuesto que sí, podría hacerlo. Pero la idea de que un historiador, porque estudió historia ya está en condiciones de gestionar una biblioteca, me parece que es tan absurdo como pensar que una enfermera, por el hecho de que aprendió enfermería, ya puede gestionar el archivo médico de un hospital. No, no puede porque en eso no consiste su trabajo.

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